Archivo de la etiqueta: Ley General Tributaria

¿Son transmisibles las sanciones derivadas de las infracciones tributarias?

¿Son transmisibles las sanciones derivadas de las infracciones tributarias?

De acuerdo con la Ley General Tributaria las sanciones derivadas de las infracciones tributarias serán transmisibles dependiendo del tipo de sucesor ante el que nos encontremos. De este modo, en el caso de los sucesores de personas físicas las sanciones no serán transmisibles. No correrán la misma suerte los sucesores de las personas jurídicas o entidades sin personalidad a los que se les exigirá el cumplimiento de las sanciones tributarias. Así, se desprende de lo establecido en los artículos 39.1 y 40.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en los que se dispone expresamente lo siguiente:
“Artículo 39 Sucesores de personas físicas
1. (…) En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
Artículo 40 Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad
5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en los apartados anteriores y, en su caso, hasta el límite del valor determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.”

Abogados Urbanistas Guillermo Berzosa

Imposibilidad de los Ayuntamientos de subvencionar la cuota del impuesto de bienes de naturaleza urbana

Imposibilidad de los Ayuntamientos de subvencionar la cuota del impuesto de bienes de naturaleza urbana

La Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ha manifestado en su Sentencia de 19 de mayo de 2014, que los Ayuntamientos carecen de competencia para establecer una reducción del impuesto de bienes inmuebles a los ciudadanos por estar empadronados en sus municipios.

Esta declaración surge como consecuencia del recurso de casación que presentó ante el Alto Tribunal la representación procesal del Ayuntamiento de Castro Urdiales, quien introdujo en la Ordenanza fiscal la minoración de la cuota del IBI por estar empadronado en su municipio. Así el total del impuesto sería el resultado de restar la subvención que le correspondiera según Ordenanza a la cuota del IBI. Dicha actuación se entendió que era contraria a derecho según el fundamento de derecho tercero de la Sentencia de 19 de mayo de 2014 disponiendo literalmente lo que sigue:

Pues bien, partiendo de los principios y normas legales antes expuestas, esta Sala debe respaldar el criterio mantenido por la Sentencia de instancia, pues, partiendo del respeto a la autonomía local y a la posibilidad legal de que los Ayuntamientos apliquen en las Ordenanzas fiscales beneficios potestativos, éstos se fijarán con respeto a las previsiones legales del TRLHL (LA LEY 362/2004) y de la Ley General Tributaria (LA LEY 1914/2003)(arts. 9.1 (LA LEY 362/2004) y 12.2 TRLRHL (LA LEY 362/2004)), debiendo fijar las cuotas del IBI conforme a lo dispuesto legalmente( art. 15.2 TRLHL (LA LEY 362/2004)), lo que nos lleva a sentar que las reducciones que se realicen en las cuotas impositivas deberán regirse por las determinaciones legales (art. 71 TRLHL (LA LEY 362/2004)). En consecuencia, no cabe duda alguna que el Ayuntamiento de Castro Urdiales no respetó en la aprobación del art. 13.9 de la Ordenanza del IBI las previsiones del art. 74.2 TRLHL (LA LEY 362/2004), ya que si pretendía evitar subidas excesivas o poner un límite a los posibles incrementos anuales de la cuota del IBI debió de acudir a las reducciones por bonificaciones potestativas, con su consiguiente régimen normativo, en lugar de utilizar el peculiar sistema de subvenciones, ajenas en su naturaleza jurídica y fines al ámbito fiscal, razón por la que resulta acertada la argumentación de la Sentencia impugnada cuando afirma que el Ayuntamiento carecía de competencia para incluir en la gestión del IBI una minoración de la cuota líquida no contemplada ni en la Ley General Tributaria (LA LEY 1914/2003) ni en el TRLHL (LA LEY 362/2004), insistiendo en que los beneficios fiscales no tienen carácter de subvenciones y se rigen por su normativa propia. “

Abogados Urbanistas Guillermo Berzosa